Aun cuando existen interesantes y alentadoras experiencias de manejo forestal comunitario, incluso con certificación forestal, esta actividad no se ha constituido en una alternativa concreta, de corte masivo, para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas. No se trata de simplificar la discusión en términos de optimismo o pesimismo sino de abordar con profundidad el rol del manejo forestal comunitario en el vivir bien comunitario.
Existen múltiples factores que explican esta situación. Lo primero que habría que reconocer es que el manejo forestal comunitario, tal como se entiende convencionalmente, es una perspectiva fundamentalmente externa. Así hemos podido identificar una gradación en el nivel de articulación a los mercados y el grado de control de las operaciones forestales. De esta manera podemos identificar actividades de aprovechamiento forestal con fines de subsistencia hasta actividades orientadas al mercado. Así mismo, podemos reconocer experiencias bajo control directo de los pueblos indígenas, hasta asocios con terceros y el caso extremo la entrega de la potestad de aprovechamiento a un tercero con un bajo nivel de control comunal. Aunque en la práctica muchos de estos contratos han sido legales no siempre han sido legítimos y con frecuencia en detrimento de los bosques y de la propia comunidad.
Las experiencias de manejo forestal comunitario subvencionadas externamente enfrentan condiciones estructurales que afectan su viabilidad y sostenibilidad. De ahí que no sea raro que frente a las dificultades para avanzar en el manejo forestal comunitario hayan aparecido otras opciones como la agrarización de los bosques, la conversión de bosques a pastizales. Esta situación habría que entenderla en un contexto de crecimiento demográfico de la población comunal, los procesos de formación de nuevos caseríos (o anexos) que inexorablemente derivan en la necesidad de independización territorial y por lo tanto inciden en la fracturación comunal.
A ello se suma la aparición de nuevas necesidades que satisfacer que obliga a la búsqueda de mayores ingresos que deben conseguirse de manera formal o informal, en el mismo bosque comunal o en otras áreas rurales o urbanas.
En el caso peruano, la promoción del manejo forestal comunitario hasta ahora no ha sido una prioridad en las políticas públicas forestales. Cuando se ha verificado una norma importante para el manejo forestal comunitario se ha debido más bien a iniciativas personales de funcionarios antes que a una política estructurada. Las experiencias de manejo forestal comunitario se han dado pese al Estado antes que al acompañamiento del Estado. Se ha pensado que la base teórica y técnica para el manejo forestal aplicable a concesiones forestales podría ser fácilmente trasladable al manejo forestal comunitario. En toda esta perspectiva no aparecía para nada las particularidades socioculturales de las comunidades indígenas. Se avizora en un enfoque diferente a partir de la nueva legislación forestal.
La situación actual de desarrollo del manejo forestal comunitario por tanto no puede ser explicado únicamente desde el lado de las carencias (de recursos, gerenciales o tecnológicas) sino también del papel que ha cumplido el Estado para generar condiciones favorables para su desarrollo. En el fondo tiene que ver con las políticas públicas forestales que no visualizaron el rol del manejo forestal comunitario para contribuir al aprovechamiento sostenible y la conservación de bosques.
La emergencia de movimientos indígenas y el proceso de reconocimiento social como actores políticos ha tenido como repercusión que el Estado se vea obligado primero a dialogar y luego a incorporar las demandas indígenas en materia de bosques en las políticas públicas. De esta manera hemos asistido a un interesante proceso de construcción conjunta de políticas públicas en las que se incorporan una serie de medidas orientadas a reconocer los derechos indígenas y la posibilidad de desarrollar experiencias de manejo forestal comunitario incorporando su cultura entre los que se incluye la cosmovisión, los saberes, usos y costumbres. Esta es una experiencia inédita y se enmarca en una política de equidad e inclusión social.
Pero no basta que las aspiraciones de los pueblos indígenas se plasmen en las normas forestales. Se requiere además una institucionalidad que permita canalizar los esfuerzos y la energía cultural de todos los actores involucrados. Por parte de los pueblos indígenas se requiere un proceso reflexivo conducente a definir explícitamente su propia visión de desarrollo y en este marco cómo quieren que los bosques constituyan oportunidades para mejorar su calidad de vida de manera sostenible.
Es importante conversar internamente cómo van a asumir la (probable) tensión entre los valores de solidaridad y reciprocidad, propios del mundo indígena, con los valores de acumulación propios de una economía de mercado. Son los propios pueblos indígenas los que tienen que definir los atributos de una nueva ética económica que logre un diálogo entre los valores de la economía solidaria y la economía de mercado.
Para combatir los procesos de deforestación, tala y comercio ilegal de flora y fauna se requiere mejorar la gobernabilidad. La orientación a resultados de los gobiernos tiene que ser fuertemente acompañada por la sociedad civil y para ello se requiere avanzar hacia una cultura de institucionalización del diálogo, que es lo mismo decir que profundización de la democracia. Un enfoque intercultural de la gestión pública tiene que avanzar hacia el reconocimiento, la redistribución y la participación.
En el mismo sentido, avanzar hacia una cultura de manejo y conservación de bosques en las comunidades indígenas, implica un enfoque de gobernabilidad. Se requiere mejor Estado para acompañar efectivamente a las comunidades que manejan bosques. Estamos hablando de una gestión forestal efectiva, de legitimidad, de transparencia, de rendición de cuentas. Así mismo, se requiere fortalecer a la sociedad civil para favorecer una participación activa en la gestión y el control social. La denuncia o la puesta en evidencia de la debilidad del Estado no son suficientes, se requiere acompañar al Estado justamente para que pueda hacer mejor las cosas a través de un proceso de gestión de las lecciones aprendidas y una cultura de mejoramiento continuo. Es importante reconocer que el Estado no es el otro, sino que es una forma de expresión de nosotros mismos. Ello no exime que exijamos enfáticamente efectividad y coherencia.
La posibilidad próxima que exista una Unidad Técnica de Gestión Forestal es esperanzadora. Más aún si está abierta la posibilidad que profesionales y técnicos indígenas puedan ocupar posiciones importantes en estos espacios. No se trata únicamente de generar mayor burocracia sino de asegurar las condiciones materiales y subjetivas que permitan a las comunidades que manejan sus bosques tener un acompañamiento cercano con una perspectiva de interculturalidad.
La inclusión social no puede ser vista desde una perspectiva asimilacionista sino más bien de diálogo intercultural fecundo y constructivo. Diríase en este sentido que la inclusión va en doble sentido donde como producto final de la mutua inclusión terminamos por reconocernos y de atacar enfáticamente las condiciones que generan desigualdad. La inclusión social no es únicamente una perspectiva de lucha contra la pobreza sino también esfuerzo para creación de la riqueza. No estamos hablando de políticas asistencialistas del manejo forestal comunitario sino un enfoque de fortalecimiento de la ciudadanía indígena que se manifieste también en el incremento de una cultura tributaria. Es asumir la responsabilidad compartida de contar con un Estado que tenga capacidad para que todos sus ciudadanos cuenten con condiciones para desarrollar el máximo de sus capacidades y facultades y entre ellas la capacidad de generar riqueza de manera sostenible.
