Mientras la ONU está preocupada por la persistencia de la polémica
acerca de la situación del Tipnis, el Gobierno se apresta a promulgar la
Ley de Consulta Previa, si acaso para hoy domingo no lo ha hecho ya. En
el primer caso, es destacable que ese organismo se haya manifestado en
términos diplomáticos sobre un tema que genera opiniones diversas y que
tiene intereses de todo orden, entre económicos, medioambientales,
existenciales, empresariales, estatales y políticos. En el segundo, el
Gobierno no iba a quedarse con los brazos cruzados ante la derrota que
significó la promulgación de la Ley Corta.
Para el
oficialismo era y es trascendental la construcción de la carretera Villa
Tunari-San Ignacio de Moxos y que ésta atraviese el corazón del Tipnis
conforme se tiene acordado con la constructora. De nada sirvieron las
recomendaciones de expertos bolivianos que plantearon hasta tres rutas
alternativas a fin de evitar de que se afecte un Parque Nacional
–maravilloso diría alguien– y con ello se dañe el medio ambiente. De ahí
que la consulta previa y su inminente implementación será el mecanismo
que posibilitará que el MAS lleve a cabo una ardua tarea política en la
zona de aquí a la fecha que vaya a señalarse, donde el objetivo será
garantizar que los habitantes del lugar y los que no lo son y dicen
serlo, apoyen que una Reserva Nacional sea presa de la modernidad. Otros
dicen que el millonario contrato con la empresa brasileña prevé –no me
consta– el pago por el Estado boliviano de la suma de 100 millones de
dólares únicamente en el ítem “riesgo país”, es decir, que al ser
Bolivia un país “tan riesgoso”, los amigos del Brasil habrían
cuantificado ese riesgo en esa cantidad, lo que explicaría si acaso
fuera cierto, lo que ha venido aconteciendo.
Vuelvo
al primer caso. Más allá que los organismos internacionales eviten
inmiscuirse en los asuntos internos de un país en aras de preservar el
principio de no injerencia, el comunicado de la ONU cuando menos deja
entrever una legítima preocupación por un tema que debió haber quedado
zanjado con la Ley Corta, por lo menos así entendimos luego del
apoteósico recibimiento del que fueron objeto los marchistas no
afiliados al Gobierno. Y es que independientemente de las amenazas que
ya se oyen ante la inminencia de la consulta, aquella servirá también
para determinar el alcance del término intangibilidad, machetazo con el
que el Gobierno respondió a la Cidob.
Así las cosas,
y más allá de las diferencias generadas con alas indígenas que cuentan
con representación en la Asamblea Legislativa, la ley fue sancionada (y
promulgada) con el propósito vía consulta, de permitir, ante todo, la
construcción de la carretera por el Parque, por lo que la exhortación
del exdirigente del Conamaq Rafael Quispe en sentido que su organización
pedirá la revocatoria del mandato de todos los asambleístas nacionales
que aprueben la ley de consulta, quedará en el tintero. Por otro lado,
una nueva marcha de la Cidob, anunciada en rechazo a la aprobación de la
consulta previa, no impedirá su realización.
Lo más
probable es que este tema se resuelva como en el póquer, en una sola
jugada. El Gobierno hará todo para ganar la consulta mientras los que la
rechazan tratarán de evitar que así sea. Yo haré fuerza porque el
Tipnis no se toque y porque se valore a los ingenieros bolivianos que
formularon trazos alternativos para contar con una carretera anhelada
desde el siglo pasado.
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20120212/la-onu-y-el-tipnis_160145_334615.html
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