La Asamblea Legislativa sancionó ayer una ley que somete a consulta
la anulación de la protección del Territorio Indígena del Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y se espera, en medio de mucha tensión,
que el presidente Evo Morales la promulgue y ponga en vigencia.
La ley aprobada ayer dispone que una consulta a las comunidades
indígenas del TIPNIS dirima las discrepancias existentes entre los
originarios y los colonos emigrantes de las tierras altas sobre la
eliminación del término de “intangibilidad” y la prohibición de
construir una carretera por el corazón del TIPNIS, un parque nacional de
gran riqueza forestal, flora y fauna.
La cámara de Diputados sancionó la ley pese a que asambleístas
indígenas —en su mayoría del partido oficialista— ocuparon la tribuna
para impedir que se llevara adelante la sesión. La presidenta de la
Asamblea, Rebeca Delgado, dirigió la sesión a un costado de la mesa y
consiguió que el proyecto fuera sancionado por la mayoría oficialista.
Fuera, en la plaza de Armas, los indígenas y activistas defensores
del medio ambiente no habían terminado de instalar su vigilia, cuando la
policía determinó su desalojo mientras se oían gritos a favor de la ley
de protección del TIPNIS. A lo largo del viernes, cinco influyentes
instituciones, las fundaciones Unir Bolivia, Tierra, Jubileo, Asamblea
de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo pidieron públicamente a
Morales que no promulgue la ley, “ante la posible nueva escalada del
conflicto en torno al TIPNIS”. El presidente, tras la sanción de la ley
dijo: “Hemos oído que rechazan la consulta, pero quiero decir que los
que rechazan la consulta, rechazan la Constitucion y todos los convenios
internacionales”.
En el documento público expresan su preocupación por la “relación
asimétrica de poder entre los actores, en la medida en que el Gobierno
central —que debería asumir responsabilidades y funciones determinadas
por la actual legislación— se constituye en parte activa del polo que
propugna la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS”. La
ley 180 de octubre pasado fue promulgada por el presidente Evo Morales
como corolario de una dramática marcha indígena de 64 días, que llegó a
La Paz para rechazar la carretera y pedir el respeto a la Constitución y
a sus derechos como pueblos originarios.
En enero de 2012 llegó a La Paz otro grupo numeroso afiliado al
Consejo Indígena del Sur (Conisur) para plantear al Gobierno que
construyera la carretera a través del TIPNIS y que promoviera una
consulta “previa” para constatar cuál era la verdadera posición de las
comunidades del TIPNIS.
La marcha del Conisur, por la carretera asfaltada de Chapare a La
Paz, se organizó a instancias de las autoridades de Cochabamba que
fueron públicamente criticadas por el presidente Morales debido a su
pasividad ante la octava marcha de los indígenas agrupados en la
Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB).
El exaliado y ahora principal adversario de Morales, Juan del
Granado, jefe del Movimiento Sin Miedo, pidió que no se aprobara la ley
de consulta o de lo contrario “la consecuencia es restablecer un
ambiente de confrontación entre indígenas y cocaleros”. Ha advertido
también de que Bolivia se encamina a un "largo y doloroso proceso de
confrontación entre los bolivianos".
La reacción ante la nueva ley ha sido de rechazo categórico de todas
las organizaciones indígenas de las tierras bajas. El diputado indígena
del partido gubernamental, y ahora disidente, Pedro Nuni ha anunciado
que la CIDOB va a presentar ante la Comisión Internacional de Derechos
Humanos y otros foros una denuncia de falsedad contra el Gobierno de
Morales. “Se ha comprometido a defender el TIPNIS y ahora se desdice
cobardemente” con la aprobación de esta nueva disposición, dijo Nuni.
La CIDOB, que agrupa a 34 pueblos indígenas, ha convocado a otras
organizaciones laborales como la Central Obrera y la de magisterio,
entre otros, con el fin de lograr su apoyo y participación en la novena
marcha en defensa del TIPNIS.
La nueva ley “borra con el codo lo que se escribió con la mano”,
afirman las mujeres indígenas de las tierras bajas, que se han reunido
ya en Santa Cruz para organizar la novena marcha pacífica hacia La Paz.
La vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de
Bolivia, Judith Rivero, ha lamentado la apresurada aprobación de una ley
de consulta solo para el TIPNIS. “¿El Gobierno quiere que nos matemos
entre indígenas?”, se ha preguntado en tono desesperado.
El líder del Conisur, el colono Gumercindo Pradel, ha denunciado a
los líderes de la CIDOB por haber engañado a las comunidades del TIPNIS
con la aprobación de la ley 180 que, supuestamente, les impide cualquier
actividad productiva debido a la vigencia de la “intangibilidad”.
La ley que quiere aplicar el Gobierno no puede abarcar, sin embargo, a
los indígenas del Conisur que están fuera del TIPNIS. Y son la base del
éxito de la consulta. Esta debería aplicarse en 120 días y tendría
carácter vinculante, aun cuando —advirtió la senadora Gabriela Montano—
no se cuantificarían los votos a favor o en contra, sino que se tomaría
en cuenta las formas de acuerdo de las comunidades. “Existen 65
comunidades indígenas que están afiliadas a la subcentral del TIPNIS que
son las propietarias de la Tierra Comunitaria de Origen”, ha aclarado
el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Juan Félix Tapia.
Esta tierra es una propiedad colectiva y los indígenas viven de la
recolección de frutos, de caza y pesca; las comunidades del Conisur, en
cambio, tienen parcelas que son de patrimonio individual donde cultivan
coca, arroz, cítricos y otros.
Los medios de comunicación han informado de que el Gobierno no
solamente aspira a concretar la construcción de la carretera por el
corazón del TIPNIS, y así cumplir promesas electorales de más tierras a
los cocaleros, sino que pretende además cumplir sus compromisos con una
constructora brasileña que está trabajando en los tramos de los extremos
(el comienzo y el final) de la vía caminera. Pero, también, existen
intereses petroleros.
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